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Pena de muerte contra Félix Verdejo en manos de Comité Federal

El hecho de que el púgil puertorriqueño sea elegible a la pena de muerte de resultar convicto por el asesinato de la joven que estaba embarazada de él no significa que sea sentenciado a la pena capital

Félix Verdejo en su encuentro con Antonio Lozada Jr., en el 2018, en el Madison Square Garden de Nueva York. FOTO: ABBIE PARR / GETTY IMAGES

Por: Marielis Acevedo

NUEVA YORK.– El hecho de que el boxeador Félix Verdejo sea elegible a la pena de muerte en caso de resultar culpable por el secuestro y asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico no significa que esa sea la pena que finalmente se le imponga.

Al momento, tanto la defensa del boxeador como de su presunto cómplice, Luis Antonio Cádiz Martínez, acusados por el carjacking y secuestro que desembocó en la muerte de Rodríguez Ortiz y del bebé que llevaba en su vientre, se encuentran en el proceso de investigación para la presentación de los factores mitigantes ante el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ese organismo es el encargado de establecer si el caso finalmente será certificado como uno de pena de muerte. La exfiscal federal María Domínguez diferenció este lunes en el programa Lo Sé Todo de Wapa TV el hecho de que un caso sea elegible para la pena de muerte versus que sea certificado.

“Este caso es elegible para la pena de muerte porque tiene lo que se llama unos hallazgos particulares que lo facultan para ser certificado como caso de pena de muerte. Eso tiene su proceso que culmina con una decisión que la toma el Comité de pena de muerte del Departamento de Justicia en Washington recibiendo insumo de la información que desarrolla la defensa durante su investigación de mitigación, también recibe una recomendación de la fiscalía federal de Puerto Rico”, contrastó Domínguez.

Los factores mitigantes de la defensa

A la defensa, por ejemplo, le toca presentar los factores mitigantes o las razones por las que entiende que el caso no debe ser certificado como uno de pena capital.

El Título 18, Sección 3595 del US Code, estatuto sobre factores mitigantes, establece que estos son discapacidad intelectual, coacción, participación menor, sin antecedentes previo y perturbación.

En una entrevista previa con el periódico El Vocero, Domínguez detalló: “Ahora la defensa va a iniciar su investigación para estar listos y presentarle al comité los factores mitigantes. El Comité de Pena de Muerte toma la decisión basado en eso, los hechos del caso y la información que le proporciona la defensa y la recomendación de la Fiscalía”.

En el caso de la Fiscalía federal, sus empleados tienen que presentar un memorando para explicar el caso y posibles agravantes. “Tiene que dar toda la información pertinente al caso y su recomendación. Los factores agravantes son estatutarios, tiene que existir para que se pueda certificar como de pena de muerte”, planteó Domínguez.

La última palabra en el proceso para determinar si el caso sería certificado como uno de pena de muerte la tendría el secretario de Justicia de Estados Unidos, en este caso, Merrick Garland.

Comité de Pena de Muerte debe presentarle su recomendación al secretario de Justicia de EE.UU.

La decisión del funcionario se tomaría luego de que el Comité de Pena de Muerte le presente su recomendación.

La postura de la Administración Biden en contra de la pena de muerte podría tener un impacto en el debate, argumentó Díaz Domínguez.

“El presidente Joe Biden, cuando hizo campaña, abogó en contra de la pena de muerte. Por lo tanto, es posible que ahora el tratamiento que le dé el Departamento de Justicia federal a este caso sea distinto, puede que no busque certificar este caso. Esa es la incógnita aquí, porque estamos con una nueva administración. Ahora, con el cambio de política pública, definitivamente será más leniente”, consideró la experta.

Aunque la pena de muerte en Puerto Rico es inconstitucional, el sistema judicial estadounidense puede buscar esa sentencia en la isla contra determinados acusados debido al estatus territorial de la isla donde prevalecen las leyes federales sobre las locales.

Pena de muerte es improbable

Jorge Schmidt, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR), señaló a la agencia de noticias Efe que a pesar de lo anterior, persiste la posibilidad de la pena capital contra Verdejo, aunque lo anterior es improbable.

El académico explicó que la Constitución estadounidense no establece nada sobre el asunto, razón por la que muchos estados del país norteamericano no la aplican.

En cuanto a Puerto Rico, la Constitución local de 1952 establece que ese castigo está prohibido.

“En Puerto Rico sería inconstitucional, pero la ley federal está por encima de la local”, insistió Schmidt.

“En cualquier caso en Puerto Rico no hay infraestructuras para aplicar la pena capital y la población no lo apoya”, declaró el profesor.

De paso, el entrevistado destacó la posibilidad de que las autoridades federales trasladen el juicio fuera de la isla.

Via: eldiariony.com

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