Juan Mercado
No hay dudas que Luisín Mejía es uno de los más sobresalientes dirigentes del deporte nacional. Sus huellas quedarán enmarcadas en la historia porque tiene mucho más luces que sombras. Y como no es perfecto, cometió una pifia que la tendrá marcada por siempre.
Nunca se entendieron las razones por las que Mejía se opuso de manera tan ácida a que se abriera el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) como se creó dentro de la Ley General del Deporte, marcada con 356–05, de fecha 15 de septiembre del año 2005.
En ese tribunal se iban a resolver las controversias del movimiento deportivo, que cada vez aumentan en cantidad, de una manera eficaz.
Mejía prefirió que las situaciones que surgieron en el movimiento deportivo se llevarán al Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que es un organismo que sólo se activa si las dos partes están de acuerdo, si una no quiere no pasa nada.
Producto de la no apertura del TAD, los conflictos del deporte son llevados a la Justicia ordinaria, en la que se involucran jueces que desconocen sobre la materia deportiva.
En la actualidad, el Comité Olímpico Dominicano (COD) está siendo demandado por RD$500 millones en daños y perjuicios por los suspendidos presidentes de las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Surf y Tiro de Precisión, quienes alegan que las sanciones que les impusieron son ilegales.
La realidad del deporte dominicano es que hay muchos dirigentes que no son dolientes de las disciplinas que encabezan y desde que algún atleta muestra interés por ascender en esos organismos sufre ‘las de caín’. Fíjense que por esa causa en las cúpulas de las federaciones existen muy pocos exatletas.
Uno de los casos más notables es el de Diego Pesqueira, quien incluso fue suspendido de por vida en la lucha olímpica, y tuvo que encontrar el éxito en otra disciplina como el baloncesto.
