DiMaggio Abreu
Desde hace un tiempo relativamente breve, se airean sugerencias al Comité Olímpico Dominicano para que intervenga determinadas federaciones por conflictos que no sabemos si envuelven supuestos malos manejos de recursos.
Cuando no, hay rumores de que el máximo organismo del deporte privado se aprestaba a hacer intervenciones, que sepamos, no han ocurrido o trascendido al público.
En el transcurso de la semana recién pasada se conocieron dos denuncias contra entes federativos que sugieren la utilización discrecional de recursos que reciben de instituciones estatales.
En uno de los espacios de YouTube más activos compareció un dirigente que señaló no muy claros manejos de recursos que llegan a su federación por las recurrentes dedicatorias de torneos, lo que supuestamente ocurren desde hace una década.
Precisamente, el titular federativo en cuestión recién “sorprendió” al país con su salto de afiliación al partido gobernante, dejando atrás la formación donde su hermano es un miembro muy activo del Comité Político.
Al final de la semana, una de las más incisivas periodistas de investigación puso en evidencia al titular de otra entidad federativa –de lo que parte de la prensa se hizo eco otorgando grandes espacios- y que va más allá del supuesto mal manejo de fondos.
Al parecer, al menos una porción del movimiento federativo ha logrado formas de liquidación de los recursos recibidos del Estado que dejan “complacidos” al organismo emisor sin que la Cámara de Cuestas o el ente correspondiente le audite.
Todo comenzó desde que el Estado tomó la decisión de entregar recursos cada mes a las Federaciones. Fue a mediados de la gestión de César Cedeño como secretario de Deportes del Gobierno del presidente Hipólito Mejía (2000-04).
El mandato indicaba que, para retirar los recursos del mes correspondiente, había que liquidar con soportes adecuados el anterior. Nosotros laboramos entonces en un matutino y encontramos una beta noticiosa en Auditoría de la Sedefir, pidiendo información de cuáles habían liquidado.
En una ocasión, a una federación le devolvieron el reporte por mal fundado y lo publicamos. El presidente de la entidad se molestó al punto de que nos hizo una amenaza velada. Por su influencia política, a Auditoría Interna se le prohibió dar informaciones a la prensa al respecto. No sabemos si desde entonces se relajó lo estricto del procedimiento.
La gestión de Jaime David Fernández Mirabal (2012-16) asumió de nuevo el rigor, lo que le valió inconvenientes con el movimiento federativo y Danilo Díaz (2016-20) siguió sus pasos. Desconocemos cómo marcha ahora.
En estos tiempos en los que el Ministerio Público lleva numerosos casos de supuesta corrupción administrativa al más alto nivel político, se percibe que no estaría dispuesto a pasar por alto los casos que se aireen en el ámbito deportivo, por muy ínfimos que sean respecto a aquellos que llevan nombres de especies de mar.
En tal contexto, sea por sugerencias o porque lo haya previsto, al Comité Olímpico se le presenta la ocasión propicia para intervenir y corregir situaciones donde las haya.
