Por Gilberto Soriano Román
Abogado- Presidente ADODEP
Desde que cursaba tercero de primaria el profesor nos enseñó, que debemos tener fundamentos para establecer un debate de ideas: pensamiento crítico, lo lógico, lo reflexivo y manejar los conceptos.
Desde ahí, se está en la capacidad para el aprendizaje y el conocimiento.
Esto viene a colación, porque en pleno siglo XXI, como consecuencia de que no entendemos el concepto del deporte, no hemos podido establecer políticas públicas desde los recintos educativos, de educación y salud. Eso, por la carencia del manejo básico de lo que significa el deporte.
Cuando usted se refiere al deporte está hablando de una actividad física que promueve los valores, el respeto y la disciplina, que fomenta la armonía y la convivencia pacífica.
El deporte es la competencia entre dos o más personas expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de las disciplinas y normas preestablecidas, orientadas a generar los valores morales, cívicos y sociales.
En un mundo marcado por el entretenimiento, es natural entender las distorsiones que produce una poderosa industria potencializada a través de las redes sociales.
Pero, que un Estado no tenga las políticas adecuadas frente a un bien público como es el deporte, que influye en la formación de los individuos, debe preocupar a toda una nación.
Las distorsiones
Parece que el órgano oficial, que debe ser el primero en comprender de manera taxativa el concepto de deporte, cuando se observa el comportamiento de la entidad genera más confusión al ciudadano dominicano, en cuanto al significado real del deporte, desde las diferentes vertientes: educativa, recreativa y la participación colectiva.
El Ministerio de Deportes tiene bajo su responsabilidad la regulación y organización de la lidia de gallos y el hipismo, los cuales son entretenimientos, pero nada tiene que ver con deportes ni con recreación.
En ese mismo orden, ha asumido la responsabilidad con lo que tiene que ver, con las artes marciales mixtas, que no es un deporte, hasta el punto de que tiene un llamado comisionado de este espectáculo de entretenimiento, sin un fundamento legal que sustente dicha decisión, provocando distorsión y perturbación en la comprensión del deporte y el rol que debe jugar el Estado.
De igual manera, sucede con el boxeo profesional.
Aunque es un espectáculo que a todos nos llama la atención, no es menos cierto que atenta contra la integridad y la salud del individuo, por lo que niega el valor fundamental al que está llamado el deporte, que es promover la cohesión social, y, le hace un flaco servicio al país en sustentar y patrocinar este tipo de espectáculos, en una sociedad donde se incrementa la violencia.
Desde el punto de vista normativo, la Constitución establece que el deporte es política de educación y salud, lo cual cuestiona al boxeo profesional y a las artes marciales mixtas.
Que un individuo golpee a otro de forma inmisericorde hasta causarle daños que pueden ocasionar la muerte, por consiguiente, el pugilismo profesional es un entretenimiento, un espectáculo; pero de ninguna manera se le puede llamar deporte, ya que no promueve los valores ni la pureza y no constituye una política de educación ni mucho menos de salud.
Hemos llegado hasta el punto de que un decreto declaró el dominó como un deporte nacional, lo cual constituye una negación al significado y al concepto del deporte, ya que el dominó es un juego.
Esto refleja que los poderes públicos desconocen la diferencia entre el juego, el deporte, el entretenimiento y el espectáculo.
El supremo interés debe ser promover y asumir con responsabilidad las tareas esenciales que generan el desarrollo humano, en procura de la convivencia pacífica, armoniosa y, sobre todo, el valor a la dignidad humana, lo cual se proclama en la Constitución dominicana: un estado social, que significa el Estado al servicio del bienestar de su gente.
En el nuevo diseño educativo para el siglo XXI, se debe definir los conceptos deporte y recreación de forma clara y precisa; desde la óptica deportiva, para construir verdaderas políticas públicas de educación y salud; desde la escuela, que permitan el desarrollo integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, con miras a producir los ciudadanos con los valores y el civismo que necesita nuestra sociedad, para aportar al desarrollo nacional.
