Sara Rosario estipuló que está consciente que este proyecto no va a salvar la economía, pero sí aportará de manera positiva. En la foto, el equipo nacional de voleibol celebra la medalla de oro ganada en los Centroamericanos de 2010. (Jose R. Madera)
SALINAS, Puerto Rico.– El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) comenzó las gestiones para pedirle audiencia a los representantes gubernamentales que tienen injerencia en la discusión del financiamiento para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022.
Según la presidenta del Copur, Sara Rosario, las cartas dirigidas a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el gobernador electo Pedro Pierluisi y a los representantes de la Junta de Supervisión Fiscal salieron este lunes. Las misivas buscan concretar reuniones antes del 15 de noviembre, que es la fecha límite para la radicación de la candidatura ante Centro Caribe Sports (CCS, antes conocida como la Odecabe), para presentarles el proyecto.
De no darse las reuniones esta semana, Rosario sostuvo que el Copur tendría que determinar si hace una petición o una carta de intención a Centro Caribe Sports “condicionando que todavía nos quedan los endosos del gobierno para tener una propuesta completamente final”. La líder deportiva agregó que lo importante es no dejar pasar la fecha límite para someter la propuesta.
El Pleno del Copur aprobó el pasado sábado el informe presentado por la Fundación 2010 para pedir los próximos Centroamericanos, que están huérfanos de sede luego que Panamá desistiera de montarlos. El estudio económico que acompañó la presentación sostiene que la inversión pública de $70 millones que se estima se necesitará para montar la justa regional tendría un retorno de inversión de $223 millones.
Sobre este particular, el economista José Alameda, autor del estudio, argumentó que ese retorno se calcula en términos de los efectos directos, indirectos e inducidos que generará ese evento deportivo. Insistió que la economía de Puerto Rico está en depresión y para completar el país ha pasado por una serie de calamidades económicas, entre ellas la pandemia del coronavirus, que estimó que podría causar un daño económico estimado de $180 millones.
Alameda, quien ha escrito sobre la importancia socioeconómica del deporte, recalcó que esta actividad es parte de una estrategia de desarrollo del país. “Yo no estoy hablando de juegos, yo estoy hablando de economía”, dijo el economista, quien trajo a colación que la mayoría de la actividad económica se desarrolla en la zona metropolitana.
“Nos falta todavía muchas cosas por estimar porque yo uso los datos que tiene la Junta de Planificación, que siempre tienen un rezago de años, pero es lo único que me permite tener un estimado razonable. Si inviertes $70 millones, y a través de los efectos indirectos e inducidos de la actividad económica se genera $233 millones, quiere decir que ese efecto multiplicador amplifica la base económica”, explicó el experto, quien reconoce que el coronavirus será un elemento que deberán monitorear.
Mientras, Rosario estipuló que está consciente que este proyecto no va a salvar la economía, pero sí aportará de manera positiva.
“Nosotros estamos confiados en que estamos haciendo lo correcto. No hay nada, con excepción de la aportación económica, que a nosotros nos impida poner a soñar que estos Juegos son una realidad para el país”, dijo.
“Nosotros queremos presentar el proyecto como uno de desarrollo económico que beneficia al deporte, pero realmente es un proyecto de desarrollo económico. El deporte es el beneficiado, como puede ser el turismo, la agricultura como cualquier otro, pero es un proyecto de retorno de inversión. Es un proyecto de desarrollo económico para la zona oeste, donde el costo que se va a invertir no es una cantidad astronómica”, agregó Rosario.
En términos de lo que se le presentó al Pleno, Rosario apuntó que sabían que era un proyecto viable en términos deportivos porque un 85% de las instalaciones que se utilizaron hace 10 años para los Centroamericanos de Mayagüez 2010 están en buenas condiciones. En todo caso, habría que hacerle unos retoques de pintura y de reparaciones menores.
Asimismo, explicó que se entiende que se deberán hacer ajustes en algunos eventos y deportes, que deberán moverse de escenario porque los deportes han crecido, y otros que continúan dañados desde el azote de los huracanes María e Irma. De hecho, Rosario cree que esta coyuntura debería utilizarse para los gobiernos, tanto estatal y municipales, así como FEMA para comenzar a restaurar algunas de esas instalaciones.
En cuanto a los requisitos que pide CCS, el Copur intentará cumplir con la mayoría de ellos, y luego entraría en un proceso de evaluación, de petición de más información. y reuniones con los comités concernidos.
Se inhibirá del proceso
Rosario reiteró que, si el día 15 deciden no someter la petición a CCS, ella se inhibirá del proceso de selección de la nueva sede. La presidenta del Copur dirige el Comité de Nuevas Sedes de CCS.
“Ya eso se había comunicado al presidente (de CCS, Luis Mejía). En la reunión del Ejecutivo lo expliqué muy bien, y él se comprometió a nombrar a otro miembro de ese cuerpo para presidir esa comisión”, expuso Rosario, quien agregó que tampoco ha querido conversar con ninguno de los presidentes de otros comités olímpicos para evitar cualquier viso de conflicto de interés.
Via: elnuevodia.com
