Por Gilberto Soriano
!Deporte Global!
En nuestro artículo anterior afirmamos que en República Dominicana “no hay beisbol”. Un planteamiento que pareciera absurdo e inverosímil en un territorio donde nacen los mejores talentos.
De igual manera, planteamos el reto del acceso al deporte donde se gastan innumerables recursos en la alta competición y en eventos deportivos. Hemos sido capaces de montar unos Juegos Panamericanos y ahora los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.
En la presente entrega estaremos argumentando cómo y por qué nuestros niños no tienen espacio para el sano esparcimiento, la actividad física y el ejercicio físico, como lo estableció el Barón Pierre de Coubertin: mente sana en cuerpo sano.
La Historia
Lo cierto es que, a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho como sociedad, todavía en pleno siglo XXI no contamos con un sistema educativo integral. Esto es el resultado de múltiples factores, entre ellos que la escuela dominicana dio sus primeros pasos bajo la cobertura de la Iglesia católica.
Desde entonces, las incidencias foráneas y la falta de unidad nacional en torno a este tema han dificultado la consolidación de un verdadero sistema educativo de calidad. Todos los elementos vitales que necesita la educación para alcanzar ese objetivo, incluyendo la actividad física y el deporte, son indispensables para lograrlo.
Que hoy el deporte no juegue ningún rol dentro de la escuela es consecuencia de esa acumulación de deuda social que ha impedido encontrar el camino hacia la excelencia educativa.
Privatización del deporte y violación de derechos fundamentales
Como nación no hemos comprendido que la escuela es el centro de las políticas públicas. El artículo 65 de la Constitución dominicana establece que el deporte es un derecho fundamental como políticas públicas de educación y salud desde los recintos educativos.
Por esta razón, a nuestros niños se les violentan sus derechos fundamentales, no solo el derecho al deporte, sino también el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad y a la equidad.
La falta de un deporte organizado, pedagógico y metodológico provoca que los niños no tengan acceso gratuito a la práctica deportiva. Hoy, incluso en colegios privados, aunque el deporte figure en el currículo, las familias deben pagar cuotas adicionales para que sus hijos puedan practicarlo. Es absurdo, pero real.
Todo esto refleja la poca comprensión del rol del Estado en garantizar el deporte como un derecho y no como un privilegio.
A pesar del mandato de la Ley General de Deportes 356-05 que establece que la práctica deportiva debe orientarse esencialmente a la formación integral de nuestros niños en lo físico, intelectual y moral, a fin de contribuir al bienestar social del país, la realidad dista mucho de ese ideal.
Instalaciones sin uso, talento sin oportunidades
Técnicamente, el deterioro de una instalación deportiva se produce por dos razones: por uso y por desuso.
Una evidencia de la carencia de cultura deportiva es que, a pesar de ser número uno en béisbol profesional, cuando visitamos cualquier play del país lo encontramos vacío, exceptuando los programas privados de firma de talento. Esa misma situación se replica en instalaciones deportivas de cualquier disciplina.
Todo esto ocurre porque la masificación del deporte no existe, a pesar de que la escuela cuenta con tanda extendida. Y la masificación es una responsabilidad exclusiva del Estado.
¿Cuál es el rol del Estado con el deporte?
El propósito esencial del Estado no es formar atletas ni sustentar ligas profesionales, sino educar al ciudadano, que es su capital humano.
Cuando el Estado inserta el deporte en las escuelas lo hace con una cosmovisión: promover la actividad física, afianzar la cultura física a lo largo del ciclo de vida, cultivar hábitos saludables, fomentar la participación, la inclusión, la equidad y la igualdad, situar al niño en su entorno, combatir los déficits de atención, promover el entusiasmo y la autodeterminación, impactar la comunidad educativa, fortalecer la cultura de los pueblos y la cohesión educativa y territorial.
Pero, sobre todo, promover la paz social y la convivencia pacífica.
